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Las propuestas legislativas que van en la dirección de que se entregue a los trabajadores una parte del dinero acumulado para sus pensiones siguen recibiendo rechazo desde diversos lados del sector público y privado.

El ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, dijo ayer que le preocupa que una iniciativa, como la de entrega del 30% del dinero de las pensiones a los trabajadores se traduzca en un flujo de recursos a la economía que no estamos en capacidad de absorber en estos momentos y terminen siendo un factor agravante de la situación actual, en la medida que presionen los precios y la tasa de cambio. “Habría el riesgo de regresar a una situación de crisis como la que tuvo el país en 2003”, advirtió.

Sostuvo que el Gobierno, en estos momentos de crisis por el coronavirus ha hecho grandes esfuerzos por compensar a la clase trabajadora y los sectores más vulnerables con los programas Quédate en Casa y FASE, para evitar cualquier otra iniciativa política que se traduzca en un deterioro de la situación de estabilidad macroeconómica que ha vivido el país y que lleve a una posición difícil de controlar en el corto plazo. Los proponente de que se entregue fondos a los trabajadores enarbolan el argumento de que es para que pueden usarlo para enfrentar las dificultades que ha generado la pandemia del COVID-19.

Mientras, la Confederación Patronal Dominicana, a través de su presidente Juan Alfredo de la Cruz, sostuvo que el proyecto de ley no tiene ningún fundamento técnico ni legal. “El efecto de dar esos fondos sería muy negativo, tanto para los trabajadores, como para economía nacional. Los trabajadores tienen un plan de pensión y no podemos estar pensando en corto plazo y en resolver problemas de uno o dos meses”, indicó.

“Es un proyecto de ley que simplemente no debe pasar. Y felicitamos la opinión del gobernador del Banco Central sobre el tema, que es muy atinada”, dijo De la Cruz, a pedido de elCaribe.

De su lado, la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) está en desacuerdo con el Proyecto de Ley que agrega el artículo 59-bis, a la Ley 87-01, en el que se busca que en caso de declaratorias de estado de excepción, el trabajador pueda acceder hasta a un 20% de los recursos acumulados en su fondo de pensión individual.

A lo que se opone concretamente la organización industrial es a la Iniciativa Número: 01340-2020-PLO-SE, introducida al Senado de la República.

El desacuerdo de la AIRD frente a una propuesta que ha generado amplio debate, a favor y en contra, está contenida en un documento, al que accedió elCaribe.

“Es preciso afirmarles nuestro desacuerdo con la referida iniciativa, puesto que la misma traería consecuencias económicas muy negativas para el país, atenta contra la naturaleza misma de las pensiones concebidas en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social y reduciría las expectativas de los trabajadores, disminuyendo su calidad de vida”, dice la AIRD, vía su vicepresidenta ejecutiva, Circe Almánzar.

El planteamiento de la organización va más allá. Alerta a los legisladores sobre el riesgo de una iniciativa como la citada para el ordenamiento jurídico y económico dominicano, tal como han planteado otras entidades representativas de distintos sectores, tanto privados como de gobierno, incluyendo el Banco Central y el Ministerio de Hacienda.

En un artículo publicado por la prensa ayer, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, considera desafortunada e improcedente otra propuesta que va en la dirección de que se devuelva un 30% a los trabajadores de sus fondos de pensiones, puesto que habría que disponer de más de RD$173,000 millones para devolver en efectivo a los afiliados, lo que implicaría un aumento desproporcionado de la emisión monetaria de más de un 64% respecto al nivel actual. “El total de los fondos acumulados se encuentra invertido en instrumentos financieros y para dar cumplimiento a lo que pretende esta iniciativa, habría que anticipar la liquidación de estos títulos (en su mayoría del Banco Central y del Ministerio de Hacienda), renunciando a las tasas de rendimiento estables y consistentes con los objetivos previsionales de largo plazo, precisos para los fondos de pensiones, según están establecidos en la legislación actual”, explicó la AIRD.

De su lado, el economista Luis Vargas le dijo a este diario que la demanda de entrega de 30% de los fondos es justa en sentido general por razones de derecho laboral, limitaciones financieras de socorro del Estado y por inexistencia de seguro de desempleo e incapacidad empresarial de recurrir a los fondos de la cesantía de trabajo.

Los planteamientos del partido morado y el PRD

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, pidió no tocar los fondos de pensiones. Propuso buscar una solución en las que, además de los trabajadores, estén implicados el Estado y los empresarios; y apeló para que los congresistas tengan sentido de Estado y de consciencia de los momentos que vive el país. Mientras, el Partido de la Liberación Dominicana sostiene que ha escuchado la opinión de especialistas calificados en el tema y por su propio criterio de “responsabilidad política, social, fiscal y económica”, rechaza el intento de modificar la Ley 87-01.

Ciriaco dice que debe estar ahí para la pensión

Los economistas Antonio Ciriaco, Franklin Vásquez y Alexis Martínez han rechazado adelantar un 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores para mitigar los efectos económicos que causa el coronavirus en el país, al considerar que la propuesta tiene más costos que beneficios.

Ciriaco, quien es vicedecano de la Facultad de Economía de la UASD, sugiere que se busquen recursos del Gobierno central y no de ahorros de los mismos empleados; “porque ese dinero debe estar disponible para pensión.


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