Las Edes serán gestionadas por el sector privado

Alianzas Público-Privadas, para mejorar y eficienciar los procesos. JOSÉ ALBERTO MALDONADO/LD
Las Edes serán gestionadas por el sector privado
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Las empresas distribuido­ras de electri­cidad (Edes) podrían ser operadas y gestionadas por el sector privado me­diante una alianza públi­co-privada, según dio a conocer ayer el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Pú­blico Privadas (DGAPP), Sigmund Freund, duran­te el Desayuno de Listín Diario.

El funcionario expli­có que ya el Gobierno re­cibió formalmente una propuesta de alianza pú­blico-privada para que las Edes sean adminis­tradas por el sector pri­vado, un proyecto sobre el que se ha trabajado du­rante los últimos meses para Edenorte, Edesur y Edeeste.

Freund agregó que es­te plan se ha discutido con firmas internacionales, ta­les con el Consejo Unifi­cado de las Edes y con el Gabinete Eléctrico. Acla­ró que no se trata de pri­vatizar las edes, sino de capitalizarlas. El Estado no venderá sus activos, si­no que el sector privado se encargará de la gestión de las distribuidoras y de eje­cutar un plan de inversión que conllevará cerca de US$1,600 millones en los próximos seis a siete años.

Con estos recursos, des­tacó Freund, el sector pri­vado deberá encargarse de mejor las infraestructuras eléctricas, las líneas de las subestaciones, el sistema de comercialización y la eficienciación del sistema energético nacional.

“Estamos poniendo en manos del sector privado la gestión. Además, el pac­to eléctrico nos dirige a es­to porque el Estado invier­te US$1,000 millones y las pérdidas en las distribuido­ras no bajan; porque no hay una gestión eficiente, la in­versión requerida no se ha hecho en los últimos años y no existe una comercia­lización total porque hay muchas personas que no pagan la luz”; enfatizó el ti­tular de la DGAPP en el en­cuentro encabezado por el presidente de Editora Lis­tín Diario, Manuel Corripio; el director de Listín, Miguel Franjul, y la editora de la sección de Economía, Cán­dida Acosta.

Freund informó que con este proyecto se trabaja­ría en un subsidio focali­zado y no general, a través de la tarjeta de Solidaridad u otro mecanismo; citando de ejemplo que si a una per­sona se le subsidiarán 150 megas de electricidad todos los meses, si consume más de lo estipulado deberá pa­gar a partir de ahí, un mo­delo que funciona en varios países.

Enfatizó que mediante esta alianza público-priva­da el Estado se desprende­ría de esos US$1,000 mi­llones que debe destinar a las Edes y puede invertirlos en la construcción de otras obras.

También, señaló que el plan busca que el gobierno se quite esa carga y que se mejoren todos los sistemas de electricidad.

En el Desayuno de Listín, Freund estuvo acompaña­do del subdirector técnico de la DGAPP, Eliardo Cairo; el subdirector de Gestión y Supervisión de Contratos, Alan Jiménez, y la directo­ra de Comunicaciones, Elai­ne Nivar.

Garantías Mobiliarias

Además, Freund habló so­bre otro proyecto de alian­za público-privada que “va a revolucionar la economía dominicana”; ya que la ley 45-20 establece que el re­gistro de garantías mobilia­rias debe crearse.

Al respecto, puntuali­zó que Sistema Electróni­co de Garantías Mobilia­rias (SEGM) va a regular la compra de vehículos; acciones y otros bienes mo­biliarios, ya que no existe un registro que dé seguri­dad jurídica al que compra y vende y oponibilidad a los terceros.

“Yo compro un vehícu­lo y a menos que yo vaya a Impuestos Internos yo no sé si hay una oposición por algún tipo bancario; igual que los préstamos comer­ciales y de pymes en base a su inventario y es por eso que la ley ordena la crea­ción del sistema; el cual es parecido al inmobilia­rio; en que un operador privado maneja la infraes­tructura para que todo el mundo pueda registrar las operaciones comerciales y todo el mundo tenga acce­so”, explicó Freund.

Comentó que el software estaría instalado para fina­les del próximo año y que ya se está licitando.

El proyecto requerirá una inversión aproxima­da de US$329,000 y debe­rá ser asumida, en su tota­lidad, por el agente privado acorde a lo que se establez­ca en el contrato de la alian­za público privada que se suscriba al respecto. Dicho contrato permitiría al Esta­do recibir flujos superiores a los US$88 millones, en el marco de los 15 años de vi­gencia que tendría.

Esta iniciativa, que ya empezó su proceso compe­titivo de adjudicación (la primera APP de iniciativa pública en ser licitada); bus­ca que una entidad priva­da desarrolle e implemen­te el software especializado sobre el que se sustente el SEGM; el cual deberá con­tar con las más estrictas me­didas de seguridad que ca­racterizan a este tipo de sistemas a nivel internacio­nal.

La Ley 45-20 sobre Ga­rantías Mobiliarias define el marco jurídico para el régi­men de garantías mobilia­rias en el país; sustentado en una plataforma electró­nica a través de la cual se harán públicos los avisos que contienen la constitu­ción, modificación, cancela­ción y ejecución de las mis­mas.


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